COMUNICADO DE LA COALICIÓN SINDICAL TRIBUNA MAGISTERIAL – FECODE.
Mediante reformas constitucionales marcadas por el neoliberalismo, se impusieron en 2001 y 2007 las exigencias del FMI para garantizar el pago del servicio de la deuda en detrimento de la financiación de la educación pública; se eliminó la figura del Situado Fiscal (SF) y se crea el Sistema General de Participaciones (SGP). A partir de ese momento se inician los recortes a los recursos que financian la educación pública y demás servicios que hacen parte de esta bolsa general de participaciones.
Han sido más de dos décadas desde ese momento de portentosas luchas, con paros y movilizaciones del magisterio colombiano dirigidas por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) para exigir a cada gobierno de turno una nueva reforma constitucional que conduzca a recuperar lo arrebatado (aproximadamente, 600 billones de pesos al SGP general, y 350 billones al SGP educativo) y cerrar las brechas estructurales en educación que se agigantaron como producto del recorte en acceso, infraestructura, relaciones técnicas, jornada única, canasta educativa urbana, rural y tecnológica.
En este contexto, ha sido incluido el punto de la reforma constitucional al SGP definido en los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional en los pliegos de peticiones negociados entre Fecode y el gobierno. En el gobierno de Iván Duque se logró el acuerdo en donde “El Gobierno Nacional y FECODE con el fin de garantizar a los niños, niñas y jóvenes de Colombia el derecho fundamental a la educación con calidad, financiada y administrada por el Estado».
Así se reconoció la necesidad de realizar una Reforma Constitucional consensuada al Sistema General de Participaciones con el propósito de incrementar real y progresivamente los recursos financieros que permitan garantizar el cierre de las brechas estructurales; se logró también su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y además se creó una «Comisión de Alto Nivel», que “durante los 6 meses siguientes consensuaría una propuesta de acto legislativo que aumente los recursos del SGP”, el cual sería presentado al Congreso de la República para su trámite.
Ante el incumplimiento del acuerdo por el Gobierno de Iván Duque, FECODE, haciendo uso del principio de progresividad de los acuerdos laborales, lo presentó para su concreción en el pliego del 2023, negociado con el gobierno de Gustavo Petro, denominado el gobierno del cambio, QUE TAMPOCO CUMPLIÓ.
Llevado por este incumplimiento, FECODE decide plegarse a un Proyecto de Acto Legislativo, de iniciativa parlamentaria, NO DEL GOBIERNO, el cual llevaba 4 debates avanzados, alejado del acuerdo firmado el 5 de julio del 2023 con el gobierno nacional. Bajo la tutela del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, los ponentes y autores de este acto legislativo, aceptan incluir algunos elementos de la propuesta de Fecode, pero, mantener otros que no son compatibles con nuestro acuerdo, pero sí con imposiciones del BM, FMI Y LA OCDE; amarrado al Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP- y a la regla fiscal que tienen como uno de sus ejes la sostenibilidad de la deuda.
Frente a esto, es nuestro deber, generar las alertas necesarias para que no se lleve al magisterio a respaldar una iniciativa contraria a lo acordado que es resolver el problema estructural que consiste en la recuperación de las inversiones públicas recortadas a la educación nacional, el aumento real y progresivo de los recursos del SGP para que la educación pública sea financiada y administrada por el Estado y que conduzca al cierre de las brechas y no que continuemos por el mismo camino de deterioro de la prestación del servicio educativo público como derecho fundamental y amarrado a los designios mandados por los organismos multilaterales a los cuales sigue obedeciendo este gobierno.
¡Así va la reforma al SGP! @vikyavenda , Ejecutiva de @fecode .https://t.co/NWjqFwkYtY pic.twitter.com/7bJL3OYdqH
— Tribuna Magisterial (@TribunaMagister) November 7, 2024
El proyector de reforma constitucional que reforma el sistema general de participación (SGP), descarga sobre los municipios las obligaciones de cobertura educativa que tiene el gobierno nacional. Son exigencias del FMI y la OCDE. TRIBUNA MAGISTERIAL – FECODE.
Así las cosas, alertamos al magisterio sobre los siguientes aspectos:
1. El Proyecto de Acto Legislativo “por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la constitución política y se dictan otras disposiciones”, recoge, igual que las reformas anteriores, las orientaciones de la OCDE cuando transfiere más responsabilidades fiscales a los entes territoriales para atender la financiación de la educación pública, salud, agua potable y el saneamiento básico, entre otras, lo cual también se pretendió en el proyecto de Ley Estatutaria de la Educación que el magisterio derrotó con la movilización el pasado mes de junio.
2. El aumento de la participación del SGP del 20% de los ingresos corrientes de la nación (ICN) al 39.5% no implica, exactamente, un aumento real para la financiación de la educación porque se les asigna adicionalmente la responsabilidad a los municipios de los dos primeros años de la educación superior que hoy es financiado con fuentes diferentes al SGP.
3. El texto del proyecto en mención, no garantiza que el 58.5% destinado a educación se mantenga al establecer cada cinco años revisión de dicha participación.
4. Hacer énfasis en los municipios de menos de 25 mil habitantes, de cuarta, quinta y sexta categoría, implica reducir la financiación a los entes territoriales de más de 100 mil habitantes en donde se concentra la mayor matrícula escolar y abriría las puertas a la certificación, municipalización y plantelización que siempre ha rechazado con la movilización el magisterio colombiano.
5. No garantiza mantener la destinación específica para la educación para evitar la flexibilización que conduciría al desvío de recursos del SGP.
6. Deja planteado más impuestos a los colombianos al ubicar el impuesto predial en el marco del catastro multipropósito, lo cual aumenta el saqueo de los bolsillos de los ciudadanos, incluida la comunidad educativa.
En definitiva, este PAL, no fue consensuado en la comisión de alto nivel, ni fue presentado por iniciativa gubernamental al Congreso de la República y deja al descubierto que no corresponde a lo acordado con Fecode. Por estas y otras razones, desde Tribuna Magisterial, llamamos al magisterio colombiano y a FECODE a continuar exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno y permanecer en estado de máxima alerta.
VICTORIA AVENDAÑO PEDROZO
Secretaria de mujer y Género – Ejecutiva de FECODE
Contacto: vikyavenda@gmail.com
Coalición Tribuna Sindical: Timoteo Romero, ejecutivo CUT Nacional; Jhonson Torres, ejecutivo CUT Nacional; Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT.
DIRIGENTES SINDICALES DEL MAGISTERIO: ADEC: Hebert Castro. ADEMACOR: Claudia Díaz. ADES: Luis Gómez. ADIDA: Candy Fonseca. ADIH: Danny Sánchez. ADUCESAR: Nubia Euse y Henry Felizzola. AICA: Jorge Vásquez y Daniel Sapuyes. ASEDAR: Omar García y Ricardo De Armas. EDUCAL: Gloria Nelfi Salazar, Luis Alfredo Gómez Parra, Fermín Morales Moreno, Víctor Acosta. SES: Ingrid Ballesteros. SIMANA: Ana Julia Mesías. SUDEB: Cesar Madrid, Eliceded Mena Valencia, Ricardo González, Javier Camargo. SUTEQ: María Augusta Chávez, Jair Carmona. ASINORT: Juan Pablo Martínez (Alianza Magisterial).
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