La financiación en los programas de alimentación escolar

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«Más de 690 mil niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa de alimentación escolar (PAE) afectados por falta de planeación de Entidades Territoriales Certificadas (ETC)», titula el comunicado de prensa de la Contraloría General de la República del 28 de junio de 2023. «Falta de presupuesto pone en riesgo el PAE en varias regiones del país», advertía la Procuraduría General de la Nación en comunicado enviado al Ministerio de Educación el 20 de este mismo mes.

El Ministerio Publico alerta que se verían afectados más de 800 mil niños ante el inminente riesgo de que el PAE sea suspendido en, por lo menos, 12 entidades territoriales, debido al déficit presupuestal.

Estas advertencias y llamados de atención se vienen repitiendo año tras año. En el 2018 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, recomendaba, entre otras, proponer y tramitar los ajustes normativos con el fin de definir una estructura de financiación regular y oportuna que permita garantizar la prestación del servicio durante todo el calendario escolar, así como de adelantar reformas legislativas que permitieran la articulación entre las diferentes fuentes de financiación del programa, a fin de que fuera posible constituir la bolsa común, para adelantar la contratación en condiciones de eficiencia.

Vale la pena recordar que el PAE consiste «en el suministro organizado de un suplemento nutricional a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público que rige desde el año 2002». Su objetivo principal es contribuir con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y aportar macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio), «fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje».

De acuerdo a un estudio que realizó la organización Red PaPaz sobre el PAE, una de las conclusiones es que la mala alimentación sí tiene relación directa en la deserción y el bajo rendimiento en áreas como matemáticas y lenguaje. Es así como los estudiantes que reciben el programa tendrían una probabilidad de deserción 32% menor en comparación con los que no la reciben. Este estudio también reveló que, si se elevara a un 100% la cobertura del PAE, el promedio en matemática en las pruebas Saber se reduciría en un 32% en nivel inferior y subiría un 16% en el nivel superior. Mientras que en lenguaje se reduciría un 25 % en el nivel inferior y aumentaría un 11 % en el nivel superior.

Por cuentas de inicios extemporáneos, por interrupción del contrato por falta de presupuesto o incertidumbre de su financiación, sumado a la mala ejecución y control sobre los mismos, la constante de cada año es la falta en el cumplimiento de los tiempos de atención en los contratos (el promedio de atención en el 2021 por ETC fue de 166 días y el 45% de las ETC no lo alcanzaron, ¡de esas 2 no llegaron a 100 días!).

A pesar de las propuestas de los diferentes gobiernos, sin ser este una excepción, el programa no mejora sustancialmente en cobertura ni en calidad, amén de la calidad de la ración alimentaria entregada, lo que lo aleja del objetivo para el cuál fue creado. ¿Por qué? La normatividad que reglamenta el PAE –Decreto 1852 de 2015 y Resolución 16432 de 2015 del Ministerio de Educación- estipula la cofinanciación con recursos de la Nación y de otras fuentes de las que disponen las entidades territoriales para tal fin. Sin embargo, lo que se observa es que la operación del PAE depende significativamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación transferidos por el Ministerio de Educación.

La Procuraduría estima que la nación aporta más del 70% de su financiación; a este organismo incluso, le es muy difícil determinar cuál es el monto real de la misma, dado que no se cuenta con un mecanismo efectivo que consolide la información entre los aportes de las diferentes fuentes, así como también la del número de beneficiarios del Programa.

Datos sustraídos de diferentes fuentes nos han permitido consolidar la siguiente información, la cual incluye en algunos casos cifras redondas dadas por jefes de organismos oficiales como el Ministerio de Educaión en declaraciones de prensa:

Tabla indicadora de estadísticas financieras en los programas de alimentación escolar de Colombia.
Transferencias presupuestales para los programas de alimentación escolar, frente a lo necesario para su funcionamiento.

Tomando el año 2018 como base y haciendo el ajuste de acuerdo al IPC de Alimentos de cada año, se hace la proyección del valor de las transferencias para el año siguiente, exceptuando el 2020 por su atipicidad.

La información registra que, durante los 3 últimos años, al programa se le han sustraído más de $730 mil millones de pesos (el equivalente al aporte para un millón trecientos mil niños por año, a valores del 2019) y que como consecuencia se viene reduciendo la cobertura en el número de estudiantes atendidos y la duración anual del programa. Lo anterior desmiente lo publicitado por los gobiernos de tener un marcado interés en la calidad de la educación y en la salud de la primera infancia y de niños y jóvenes en general.

Nada más lejos de mejorar, vía presupuesto, el valor nutricional de la ración alimenticia o extender el programa a mayor número de niños y, mucho menos, ampliarlo por fuera del calendario escolar llevándolo a los hogares en temporada de vacaciones. La reducción de las transferencias a las ETC no está compaginada con un mayor aporte de estas entidades, las cuales parecen no contar con recursos propios para la bolsa común que deben constituir, tal como lo reconoce la ministra de Educación Aurora Vergara recientemente, al reconocer que las ETC “tienen mayores restricciones presupuestales”.

El recorte de los recursos al Programa de Alimentación Escolar hace parte de la política de financiación de la Educación Pública que tiene para 2023 un déficit que no logra ser cubierto con los 2.2 billones de pesos de la reciente adición presupuestal aprobada.

A manera de recomendación:

  • El recorte de los recursos al Programa de Alimentación Escolar hace parte de la política de financiación de la Educación Pública, que tiene para 2023 un déficit que no logra ser cubierto con los 2.2 billones de la reciente adición presupuestal aprobada. Es necesario tener en cuenta los recursos necesarios para este programa al momento de consensuar la reforma al Sistema General de Participación (SGP).
  • Se deben establecer las normas que definían una estructura de financiación puntual y regular que garanticen cobertura y calidad. Debe establecerse el valor del programa por beneficiario/por año y cuánto aporta cada fuente de financiación. Lo ideal sería que el PAE fuese cubierto completamente con recursos del SGP.
  • Es necesario establecer un sistema centralizado, eficiente y obligatorio de información que permita hacer un seguimiento en tiempo real a la ejecución del Programa.
  • Se requiere realizar los controles oportunos a la contratación, la cual debe garantizar la capacidad y la idoneidad de los prestadores.
  • Construir y Mejorar la infraestructura educativa que garantice la prestación del servicio de alimentación escolar de la manera más idónea.
  • Disponer presupuestalmente, tanto a nivel nacional como territorial, de los recursos suficientes para que cada ración tenga el valor nutricional requerido.
  • Establecer mecanismos de veedurías del programa con amplia participación, en especial, de las organizaciones de padres de familia, estudiantes y organizaciones de la salud.
  • Establecer programas de alimentación infantil complementarios.

JAVIER PALLARES ARRIETA
Profesor de matemáticas, Valledupar
Líder sindical de FECODE Cesar.


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