Álvaro Uribe ante la posibilidad real de ir a la cárcel

El ex-Presidente sigue siendo la principal figura de la política colombiana, aunque las nuevas generaciones tienden a expresar un concepto crítico sobre su trayectoria y sus hechos como Presidente de la República entre los años 2002 y 2010, cuenta también con amplio respaldo entre la ciudadanía de mayor edad, quienes en general recuerdan su mandato como un ejemplo de orden, buen gobierno y recuperación del país en muchos aspectos.

Sin embargo, son varios los sucesos de su presidencia que extienden una larga sombra hasta el día de hoy, el más oscuro de ellos es sin duda el caso de los falsos positivos, del cual las organizaciones de derechos humanos calculan más de 6000 víctimas, ejecutados extrajudicialmente por agentes del orden en el marco del conflicto armado interno colombiano.

Este caso de los falsos positivos, aunque tremendamente turbio, no es quizás el que tenga más probabilidades de prosperar judicialmente contra Álvaro Uribe, pues cualquier investigación en su contra implicaría investigar a otro peso pesado de la política colombiana, el ex-Presidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien fuera su ministro extrella, jefe de la cartera de defensa y alfil a la Presidencia para el período 2010 – 2014.

Los falsos positivos son un hecho ampliamente investigado por organizaciones de derechos humanos, el periodismo nacional y la justicia ordinaria, dando como resultado casi dos mil condenas. Hoy decenas de altos mandos militares están bajo investigación de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP), de los cuales más de 30 han aceptado su responsabilidad.

Acusado por fraude procesal y soborno a testigos.

Actualmente, Álvaro Uribe afronta un riesgo real de ir a la cárcel, pero hay que ser claros, no es inminente, de todas sus batallas judiciales esta es la que de verdad le ha puesto a defenderse contra las cuerdas, con un proceso iniciado en octubre de 2019 en la Corte Suprema de Justicia, el cual pasó a manos de la Fiscalía de Barbosa tras la renuncia del procesado a su curul en el Senado de la República.

El problema empezó en el año 2018, cuando el en ese momento Senador Uribe, denunció ante la Corte Suprema a su colega Iván Cepeda, pues a su parecer, Cepeda visitaba las cárceles buscando testimonios en contra de Uribe, prometiendo su gestión para conseguir acuerdos beneficiosos para sus supuestos colaboradores bajo privación de la libertad.

Sin embargo, en el transcurso de esa investigación, la Corte Suprema estableció que el abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, era quien en realidad recorría las cárceles buscando testimonios y ofreciendo gestiones favorables a los detenidos que accedieran a colaborarle. Estos hechos dieron lugar a los procesos que tienen al ex-Presidente y su ex-abogado ante la posibilidad real de ir a la cárcel.

Ya Uribe estuvo privado de la libertad durante dos meses por orden de la Corte Suprema, la detención domiciliaria se cumplió durante la pandemia y aunque hoy está libre, esta situación podría cambiar si su proceso entra en la etapa de juicio. Su defensa, hoy encabezada por el abogado Jaime Granados, le apunta a dilatar el proceso y solicitar la nulidad, pues esto podría conducir a la prescripción de la acción penal.

Este mes la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Bogotá, rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa. Los delitos por los cuales Álvaro Uribe es acusado suponen una pena máxima de doce años y el proceso inició mediante indagatoria el 9 de octubre de 2019; según declaraciones públicas del jurista Francisco Bernate, la acción penal prescribiría el 8 de octubre de 2025, esto supone que un año y medio no sería tiempo suficiente para ir a la etapa de juicio y finalizar el proceso.

Corte Suprema archiva investigación por tráfico de influencias.

Este 27 de mayo el máximo tribunal de la justicia ordinaria decidió archivar la investigación por tráfico de influencias que se surtía desde 2020, tras una denuncia presentada por autoridades indígenas del resguardo Cañamomo Lomapiedra, en el departamento de Caldas. Los denunciantes acusaban al ex-Presidente de solicitar a la funcionaria Myriam Martínez, de Agencia Nacional de Tierras, intervenir en una disputa territorial entre indígenas y campesinos.

Con esta decisión, Uribe Vélez toma ciertamente un respiro, aunque bajo una posibilidad de poder perder la libertad, que si bien es real, nada indica que pueda ser inminente, pues el camino aún es largo para que el ex-Presidente pueda ser vencido en juicio.

REDACCIÓN INFOUPAR.COM