FEDEGÁN también se opone a los incrementos exagerados del impuesto predial

La junta directiva de la Federación Nacional de Ganaderos – FEDEGAN, en el marco de las amplias manifestaciones ciudadanas en contra de los desproporcionados incrementos de los avalúos catastrales y del impuesto predial a nivel nacional, ha hecho pública su posición institucional, en especial defensa de sus agremiados, pero expresando también un gran sentido de pertenencia por el interés nacional.

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y otros dirigentes de la lucha cívica por un impuesto predial ajustado a las realidades de la economía de los hogares y pequeños propietarios rurales y urbanos de Colombia, han expresado su respaldo a la posición institucional de FEDEGAN, destacando su ánimo de cooperación en el proceso democrático que se lleva adelante para reversar la política del gobierno nacional tendiente a debilitar el derecho fundamental a la propiedad privada familiar y empresarial en Colombia.

Peticiones de FEDEGAN al gobierno nacional.

A raíz de la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales, con incrementos exorbitantes que no consultan la realidad productiva de la tierra ni las carencias que persisten en la ruralidad colombiana, la Junta Directiva de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS – FEDEGAN, le hace saber a la opinión pública y, a través del presente comunicado, al Gobierno Nacional y a las autoridades locales:

1. Rechazamos los términos del Articulo 49 de la Ley 2294/2023, para actualizar de forma masiva automática y por una sola vez, es decir, sin progresividad alguna, los avalúos catastrales rurales que, según el IGAC, tienen un rezago promedio de 15 años.
2. El rezago catastral no es imputable al ciudadano, sino al incumplimiento del Estado de una obligación legal, la Ley 14/ 1983. En consecuencia, la solución no puede perjudicar al ciudadano sino considerar, como mínimo, una progresividad en el reajuste de los avalúos igual a los tiempos de incumplimiento por parte del Estado.
3. Aún con tan largos tiempos de omisión estatal, los porcentajes que arroja la metodología del IGAC en la Resolución No, 1912/2024, son exorbitantes y ponen en tela de juicio dicha norma. Solicitamos, por lo tanto, una auditoria técnica y externa a la metodología desarrollada en la Resolución 1912 de 2024.
4. En consecuencia, al tiempo que rechazamos los porcentajes establecidos en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, y consideramos que su aplicación debe ser suspendida en todo el pais, hasta tanto la metodología no sea auditada y ajustada a su realidad rural.
5. Exigimos que el ajuste a la metodología incluya el mandato del artículo 9 de la Ley 101 de 1993 según el cual los avalúos catastrales de los predios dedicados a la producción agropecuaria «no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios».
6. Rechazamos las declaraciones del presidente de la República y del ministro del interior, en el sentido de que el objetivo del ajuste masivo es «que los ricos paguen impuesto», pues no solo alimentan un discurso de odio, sino que, según IGAC, el ajuste en 533 municipios afecta a 1639140 predios, de los cuales el 98,6% son menores de 100 hectáreas. Es decir, que se grave la afectación en la clase media agropecuaria, pequeños productores y campesinos minifundistas.
7. Rechazamos las declaraciones que pretenden trasladarle el problema a los alcaldes, pues la aplicación de tarifas entre los rangos autorizados es competencia de los concejos municipales. En cualquier caso, agradecemos la intervención de los alcaldes para una justa aplicación de tarifas.
8. Finalmente, rechazamos también la intención de trasladarles las soluciones a los directores regionales del IGAC, como establece la Resolución 384 de 2026, pues claramente se trata de un problema de origen central, que debe tener unas sola solución central y no 22 negociaciones diferentes en todo el país.

CARLOS LUQUE BARRIGA, presidente de FEDEGAN, Bogotá, 18 de abril de 2026.

Posición de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos.

La organización civil de los servicios públicos en Colombia, a través de su vocero, el abogado antioqueño Javier Gaviria Betancur, afirma que reina un espíritu de comunión en el movimiento democrático por un impuesto predial justo y que la posición del gremio ganadero nacional está en completa armonía con la viva voz de los hogares y los productores agropecuarios en todo el país.

Los usuarios de los servicios públicos, las organizaciones locales y regionales participantes en las conocidas movilizaciones y paros cívicos realizados entre el 9 y el 13 de abril de 2026, expresan que mantienen su voluntad y de oponerse a la actitud del gobierno de Gustavo Petro, tendiente a centralizar las decisiones y descentralizar los problemas.

Ante la próxima realización de las mesas técnicas territoriales y nacionales convocadas por el gobierno nacional, expresan su decisión de seguir defendiendo a los propietarios rurales y urbanos de Colombia, en alianza con todas las organizaciones que en buena fe y unidad nacional proponen un impuesto predial justo y pagable, incluyendo por supuesto al gremio ganadero representado por FEDEGAN.

REDACCIÓN INFOUPAR.COM.