La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, capítulo Cesar, presentó ante la comunidad de Valledupar una iniciativa ciudadana tendiente a buscar soluciones frente a las altas tarifas de energía eléctrica en el Caribe colombiano. Esta situación lesiva para la economía de los usuarios se prolonga por más de 25 años desde la liquidación de las empresas de energía departamentales y municipales durante la década de 1990 – 2000.
Como resultado, la región Caribe cuenta con las tarifas de energía más altas de Colombia, situación que la Liga de Usuarios de Servicios Públicos busca revertir, acudiendo a los jueces de la República mediante una acción popular que ordene al gobierno nacional efectuar cambios urgentes en los mecanismos de financiación y subsidios a las tarifas.
A la reunión de socialización, acudieron representantes de instituciones locales y organizaciones comunitarias, tales como veedurías ciudadanas, vocales de control, asociaciones de comunas, Cámara de Comercio de Valledupar y Personería Municipal, quienes expresaron su respaldo a la iniciativa.
Javier Gaviria, Presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, hizo una exposición general de la situación de las tarifas de energía en Colombia, afirmando que hay dos clases de tarifas «unas costosas para todo el país y otras peores para el caso del Caribe, que llegan a ser verdaderamente impagables». Esto se debe al régimen tarifario especial que está establecido en el plan nacional de desarrollo, hubo una oportunidad para haberlo derogado en el 2022, pero el gobierno del Presidente Petro decidió no modificarlo, argumentando que se mantendrían los subsidios para los estratos 1, 2 y 3.
Lo más alarmante de la situación, es que el gobierno nacional se encuentra en mora de pagar los subsidios a las empresas de energía en el Caribe, en el caso de AFINIA (la operadora en el departamento del Cesar) desde mayo de 2024, lo cual puede ocasionar un apagón, pues de acuerdo con la Ley, si las comercializadoras de energía no pagan a las generadoras estas podrían suspender el suministro.
Alberto Arroyabe, miembro de la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) como vocal de control, informó que los temores no son infundados, pues la deuda del gobierno nacional con las distribuidoras de energía asciende ya a $2.8 billones y tiende a aumentar.
Las pretensiones de la acción popular.
Alberto Arroyabe explicó a la audiencia, que la acción popular parte de una premisa, los usuarios de energía solicitan que el gobierno nacional pague esa deuda y asegure los desembolsos futuros a los subsidios; de igual manera se solicita la derogatoria del régimen tarifario especial para el Caribe colombiano y en su lugar, se establezca una fórmula acorde a la dignidad y la capacidad de pago de los hogares.
- Declarar la vulneración de los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos.
- Ordenar al gobierno nacional, Ministerio de Minas y Energía e instituciones relacionadas, la adopción inmediata de medidas que garanticen la financiación del servicio de energía eléctrica en el Caribe.
- Ordenar a los gobiernos locales que exijan al gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones financieras en relación al servicio de energía.
Se espera que esta acción popular y otras similares ya incoadas por instituciones como las personerías de Barranquilla y Santa Marta, sienten un precedente para lograr tarifas más justas, no sólo en el servicio de energía eléctrica, también en otros como el acueducto, aseo y el gas natural.
Esta iniciativa se está socializando a lo largo del departamento del Cesar, por parte de diferentes organizaciones comunitarias, en Vallledupar, los interesados en participar o apoyar esta iniciativa, se pueden comunicar con la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, seccional Cesar, al teléfono 3116921340.
INFOUPAR.COM – REDACCIÓN.
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